La identificación de los restos hallados en el Batallón 14 de Infantería como los del maestro Julio Castro y los detalles aportados sobre su muerte, atado y ejecutado de un balazo en la cabeza, han provocado una sucesión de hechos.
La indignación, la movilización de los maestros y de miles en la Plaza Libertad, la condena generalizada, la reafirmación de la necesidad de seguir denunciando e investigando, la desubicación política de la derecha y de sus principales voceros, son algunos de ellos.
En ese marco se inscribe la declaración pública leída por el Comandante en Jefe del Ejército,
general Pedro Aguerre, que constituye un hecho trascendente y requiere que se lo registre y se lo valore, sin sobredimensionarlo pero también sin minimizarlo y mucho menos hacer como que no ocurrió.
Orden de hablar. El general Aguerre compareció junto a 10 generales y dos comandantes, y dijo que tenía el respaldo de los otros tres generales que están en el exterior. También dijo que había informado previamente a sus mandos, el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional. Esto le otorga al pronunciamiento un carácter institucional y por lo tanto una relevancia que excede largamente la de una declaración de prensa, de las que hubo varias o de un discurso. Esa es una primera diferencia con todos los pronunciamientos militares al respecto ocurridos hasta el presente.
La segunda diferencia radica en el contenido de la declaración. El general Aguerre, en un lenguaje preciso y cuidado, dijo que el Ejército no es una horda y que no se amparará a “delincuentes u homicidas”. Afirmó también desconocer si existía “un pacto de silencio” en el Ejército para no brindar datos sobre los crímenes de la dictadura, pero agregó “si existiera doy la orden de su revocación inmediata”. Aguerre comprometió el esfuerzo para recabar toda la información sobre el caso de Julio Castro y otros casos y pidió ayuda “de todos” para conseguirla dentro y fuera del Ejército.
Este pronunciamiento es un cambio notorio con respecto a todo lo sostenido por los mandos castrenses desde la recuperación democrática, y por supuesto también lo es, con respecto al discurso oficial durante la dictadura. La orden de hablar es exactamente contraria a toda la conducta que por acción u omisión han mantenido los comandantes del Ejército hasta ahora, baste recordar al general Hugo Medina guardando en una caja fuerte las citaciones de la justicia y reclamando impunidad. La calificación de delincuentes para algunos miembros de la fuerza y la decisión de deslindar conductas dentro del Ejército constituye también una postura nueva y destacable, muy diferente a la de espíritu de cuerpo y complicidad implícita sostenida hasta ahora.
¿Este pronunciamiento resuelve todo? Por supuesto que no, deberá concretarse en acciones que lo reafirmen en la práctica. ¿Recoge todo lo que debería recoger para avanzar en la verdad y la justicia? Tampoco, de ninguna manera; es lo que el Comandante del Ejército juzgó necesario decir o quizás exprese hasta donde puede llegar en la situación presente.
Con estos señalamientos realizados: ¿constituye un avance con respecto a la situación anterior a que se realizara? Con la misma franqueza hay que responder que sí: es un avance.
El poder de la verdad. Hay varias maneras de pararse ante el pronunciamiento del general Aguerre. Desde nuestro punto de vista la mejor manera de hacerlo es ubicarla en el contexto general de avance de la verdad en la sociedad en su conjunto. Esta declaración, que tiene como detonante central la identificación de Julio Castro y la constancia de su ejecución, no hubiera sido posible, ni habría ocurrido, sin la lucha permanente durante años contra la impunidad: sin la condena de la Corte Interamericana de DDHH; sin las investigaciones periodísticas que en soledad denunciaron; sin la movilización por el voto verde y el voto rosado a pesar de las derrotas; sin todos los 20 de mayo y en especial sin el último; sin el accionar de la justicia; sin la decisión política de los gobiernos del FA de investigar, de excavar en los cuarteles, de publicar investigaciones históricas; sin la votación de la ley que evitó las prescripciones; sin las denuncias valientes de cientos de víctimas del terrorismo de Estado.
La verdad está empezando a abrirse camino en sectores hasta ahora cerrados a ella y ello incluye a los militares. El impacto del caso Julio Castro es sin duda clave y la ubicación y condena de sus responsables un imperativo. Pero con absoluta franqueza y firmeza debemos decir que no es el único, ni es la única muestra de la crueldad del terrorismo de Estado.
¿Acaso es menos grave el secuestro de María Claudia embarazada, su traslado a Uruguay para robarle la bebé y luego matarla? ¿Acaso es menos grave secuestrar niños? ¿Acaso son menos graves las muertes en tortura de Nibya Sabalsagaray y Alvaro Balbi? ¿Acaso es menos grave la tortura y ejecución de Elena Quinteros, también maestra? ¿O el asesinato en tortura de obreros y estudiantes? ¿Acaso son menos graves las violaciones sistemáticas durante meses de mujeres y hombres en cuarteles y centros de detención clandestinos? ¿Acaso es menos grave la tortura en sí de miles de uruguayas y uruguayos durante años?
No, no lo es. Estos últimos acontecimientos derrumban varios mitos y permiten algunas certezas.
Primero. En estas páginas es reiterativo pero vale la pena repetirlo, una y mil veces: Quiénes denunciamos durante más de 30 años los crímenes de la dictadura siempre dijimos la verdad y los impunes y sus defensores, políticos y mediáticos, militares y civiles, mintieron siempre. En este país se desapareció gente, se ejecutó gente desarmada y atada, se torturó a miles, se secuestró y se traficó niños, se violó a mujeres indefensas, se picaneó fetos en el útero de sus madres, se castró detenidos en la tortura. Todo eso pasó, tiene que saberse y condenarse.
Segundo. Es el fin de la teoría de los dos demonios. Aquí no hubo una guerra o dos grupos de combatientes. Aquí hubo terrorismo de Estado, todo el aparato del Estado y su presupuesto dirigido a vigilar, reprimir y asesinar. El objetivo de la represión fue todo el pueblo. No hubo ninguna pérdida de referencias o grupos que se fueron de madre. Fue un plan sistemático, planificado, extendido en el tiempo y fríamente ejecutado por agentes del Estado, para reprimir y exterminar. Fue un plan además coordinado con las dictaduras de la región, existió el Plan Cóndor y en él también tuvieron que ver los yanquis. Es parte de la verdad histórica. La nefasta doctrina de la Seguridad Nacional, santo y seña del accionar de las FFAA contra su propio pueblo, es una rémora nefasta y debe ser removida, volver a las raíces artiguistas, también exige eso.
Tercero. La verdad no excluye la justicia. Se demostró falsa la teoría levantada siempre, pero especialmente en estos últimos tiempos, de que la eliminación de la impunidad obstaculizaría la verdad y que si se quería encontrar a los desaparecidos había que renunciar a la justicia, para que los que sabían hablaran. La eliminación de la impunidad y la apertura de espacios de verdad, trajeron más verdad y traerán también, más justicia.
Cuarto. Es imposible graduar la verdad o ponerle límites. La verdad es una fuerza poderosa y cuando actúa no para, exige más verdad y más justicia. No deben quedar cotos cerrados ni espacios vedados.
Lo que falta. Hay que seguir con firmeza y con serenidad recorriendo el mismo camino.
Denunciar, investigar y divulgar. Que actue la Justicia libremente y sin cortapisas. Recorrer todos los caminos posibles para encontrar la verdad, todos. Hacerlo con responsabilidad y sin ansiedades ni falsos protagonismos.
No será un camino fácil, hay que superar heridas muy profundas, mucho dolor, también desconfianzas y recelos. Pero hay que recorrerlo, sin concesiones, sin renunciamientos, pero también sin cerrar ninguna puerta.
No es un asunto del pasado. Es un asunto del presente y del futuro, una necesidad de la sociedad para ser más libre y más democrática.
Nada más y nada menos que eso.
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