Editorial El Popular N° 162 - 28/10/2011
Este editorial es escrito con emoción y con alegría. A las 2.15 de la madrugada del jueves 27 de octubre nuestro Uruguay recuperó la dignidad de su cuerpo legal y una parte secuestrada de su alma ciudadana.
Con los votos del Frente Amplio se aprobó la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, califica los crímenes del terrorismo de estado como de lesa humanidad e impide la prescripción de los mismos.
Los secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de seres humanos perdieron la batalla principal en la que estuvieron embarcados hace 40 años. No habrá impunidad.
Durante la dictadura, usando la omnipotencia del poder, instalaron el terror para asegurarse la impunidad. Operaron como una trasnacional del terror y apoyados por el imperialismo yanqui y el Plan Cóndor, mataron y secuestraron en toda la región.
Luego, cuando la lucha del pueblo recuperó la democracia, chantajearon, amenazaron, calumniaron y mintieron.
Reclamaron y obtuvieron la anuencia política de quienes se habían beneficiado con el proyecto económico y político impuesto a sangre y fuego, para asegurarse estar impunes y así nació la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Enarbolando la mentira y el chantaje la defendieron durante estos últimos 25 años, siempre con la derecha, económica, política y mediática, como escudo. En el último período la apuesta principal era el paso del tiempo y lograr la prescripción.
Este jueves, fue derrotada la estrategia de dejar pasar el tiempo, entre mentiras y maniobras.
También demostró su fracaso la estrategia de mantener a las Fuerzas Armadas presas de la impunidad; recién ahora se abre el camino para separar la paja del trigo y recomponer una relación con la sociedad en su conjunto.
Es un triunfo histórico de la lucha indoblegable de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, de las propias víctimas, del movimiento popular todo, también de la izquierda y en particular del Frente Amplio.
Pero es ante todo un triunfo de la democracia, de la sociedad uruguaya toda. Es un triunfo de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la impunidad, de la humanidad sobre la barbarie.
La ética. Terminar con la impunidad, recuperar el pleno ejercicio de la justicia y asegurar que los peores crímenes de la historia nacional no queden impunes es un paso ético sustantivo para la construcción de una sociedad más justa y más libre.
Lo es, además, porque implica un triunfo de la verdad sobre la mentira.
La vida, las investigaciones judiciales y las históricas, han demostrado que quienes denunciamos los crímenes del terrorismo de Estado siempre dijimos la verdad. Nos dijeron que no había presos, que no había torturas, que no había desaparecidos, que no había niños secuestrados, que no había cuerpos en los cuarteles.
Los hechos mostraron quién mentía y quién decía la verdad. La verdad, decía Antonio Gramsci, siempre es revolucionaria. Y tenía razón.
Lograr un triunfo de dimensiones históricas, de la verdad sobre la mentira, es entonces un paso de enorme significación para toda la sociedad, para la construcción de una nueva identidad y también, especialmente, para la elaboración de una historia verdadera sobre si misma.
Lo institucional. La votación de la ley por el Parlamento es un paso importante en el camino de cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga a todo el Estado uruguayo, a sus tres poderes.
Se suma a lo ya hecho por el Poder Ejecutivo revocando todos los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle que impedían investigar y al resto de las disposiciones adoptadas. Ahora le toca al Poder Judicial.
Contrariamente a lo que se argumenta desde la derecha esta decisión del Poder Legislativo y lo expuesto por el Poder Ejecutivo en la fundamentación de la revocación de los decretos no es una intromisión o una violación de la independencia de los poderes del Estado.
La que violaba la Constitución y vulneraba la independencia del Poder Judicial sometiéndolo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo era la Ley de Caducidad.
La decisión del Poder Legislativo y la posición pública del Poder Ejecutivo favorable a la tipificación de los delitos del terrorismo de Estado como de lesa humanidad y la eliminación de la posibilidad de prescripción constituyen un respaldo institucional enorme para que el Poder Judicial actúe libremente y sin obstáculos.
Ahora puede y debe actuar. Hay que dotarlo de recursos materiales e institucionales para que lo haga. Se contabilizaban 153 casos por violaciones a los DDHH, en la jornada de denuncias masivas se agregaron 128, en estos días se presentaron varias más, incluso por parte del FA.
La dimensión de esta tarea excede largamente una estructura hija de la impunidad, sin jueces ni fiscales especializados, sin formación en derecho humanitario e internacional, sin recursos materiales.
Debe haber un apoyo de todo el Estado para las investigaciones. La obligación de investigar, encontrar la verdad y hacer justicia, también es de todo el Estado, no solo del Poder Judicial.
Lo político. En el debate parlamentario se produjeron varios hechos políticos que merecen destaque. En primer lugar, como hacía tiempo no sucedía, la derecha ejerció de derecha y la izquierda de izquierda. Clara y nítidamente sin lugar a confusiones.
La derecha reprodujo un discurso cavernario, casi críptico, preso de sus propias mentiras y renunciamientos democráticos, cerrado incluso a aceptar la realidad.
Siguieron repitiendo los mismos argumentos de hace 40 años como si nada hubiera ocurrido en el medio. En el discurso de los legisladores colorados y blancos los represores son víctimas, la teoría de los demonios cabalga campante, los responsables no son los violadores de derechos humanos sino el pueblo organizado y por supuesto asoma, casi sin esfuerzo, un anticomunismo feroz.
Desde estas páginas y desde el movimiento popular en su conjunto, siempre se ha reconocido el compromiso democrático de sectores y personalidades del Partido Nacional y el Partido Colorado; sería una mezquindad política y una falsedad histórica no hacerlo. Héctor Gutiérrez Ruiz, Oscar López Balestra, Wilson Ferreira en el exilio, Manuel Flores Mora o Felisberto Carámbula, son solo algunos nombres, y hay muchos más, que merecen respeto y reconocimiento.
Pero de ahí a decir que la izquierda en general y el Partido Comunista en particular apoyaron el golpe y que somos responsables de la dictadura hay una distancia sideral.
Juan María Bordaberry, el presidente golpista, era del Partido Colorado. Todos los colaboradores civiles de la dictadura que ocuparon cargos de gobierno fueron blancos y colorados. Quienes votaron la Ley de Caducidad fueron blancos y colorados. Quienes defendieron el voto amarillo, anularon firmas e intentaron impedir el referéndum en 1989 fueron blancos y colorados. Quienes ahora, en 2011, votaron a favor de la impunidad fueron blancos y colorados y también el Partido Independiente.
El movimiento popular, los trabajadores y los estudiantes, el FA, la izquierda toda, y en particular el Partido Comunista, estuvieron desde el primer momento enfrentando a la dictadura y pagaron un altísimo precio en vidas, persecución y dolor por ello.
Lo dicho en el Parlamento demuestra la necesidad de profundizar el debate sobre la historia que lo es también sobre el presente y se proyecta al futuro. Hay que darlo con espíritu democrático pero sin regalar nada.
La pregunta política que se debía responder era muy sencilla ¿los secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de personas, deben quedar impunes o no? La respuesta de la izquierda, en los votos solitarios del FA, fue contundente: No deben quedar impunes. La respuesta de la derecha y del Partido Independiente, más allá de cacareos, también lo fue: una vez más defendieron a la impunidad y a los impunes.
Desde el alma. Todo lo anterior es parte del análisis imprescindible que se debe hacer de un hecho histórico para el Uruguay y para su gente. Pero también es imprescindible hablar desde el corazón y desde las entrañas. A los supliciados, a los familiares de desaparecidos y muertos en torturas, a los miles de presos y presas, a los gurises que crecieron en el dolor, a todos los que lucharon, a los trabajadores, a los militantes de hoy de la FEUU que se jugaron todo, a nuestro pueblo entero:
No habrá impunidad. Salud.
El senador y secretario general del PCU, Eduardo Lorier, realizó una vibrante intervención que generó un intenso debate. EL POPULAR reproduce los fragmentos centrales de la intervención de Lorier y una de las respuestas que brindó a las acusaciones que le realizaron.
«Esta discusión es compleja y, a la vez, simple; tiene una dimensión jurídica innegable –a la que nos vamos a referir; tiene una dimensión política, pero también tiene, y no se puede omitir, una dimensión ética. Es en ese plano, el ético, en el que hay muy pocas cosas para decir; sin embargo, son muy importantes. Unas veces, el calor del debate y otras, el manejo interesado de la discusión, nos atrapan en una maraña de argumentos jurídicos y de fundamentaciones políticas y se olvida la esencia de lo que estamos resolviendo.
La impunidad es un veneno que corroe todo el cuerpo de la sociedad uruguaya, por lo que terminar con ella no es solamente una obligación para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que es un imperativo ético.
La impunidad es intolerable éticamente, porque vulnera los principios básicos de la humanidad y de la esencia republicana. La impunidad es parte de un chantaje a la democracia; es una renuncia a una porción esencial de la justicia, y es resignar un espacio fundamental de libertad. También es, señor Presidente, la negación de la verdad y la legitimación de la mentira. Quiero expresar con mucha fuerza una conclusión que no puede esconderse. Quienes denunciamos los crímenes de la dictadura siempre dijimos la verdad. Nos acusaron de todas las cosas; intentaron e intentan silenciar nuestra voz, pero la vida y la lucha han demostrado que siempre dijimos la verdad y que los impunes y quienes defienden la impunidad son los que siempre han mentido. Primero negaban la existencia de presos políticos. Luego negaron la tortura. Después dijeron que no había niños desaparecidos y también que los desaparecidos eran mentira y estaban en Suecia. Los tuvimos que escuchar diciendo que no había nadie enterrado en ningún cuartel.
Siempre mintieron y siguen mintiendo. Allí están los miles de testimonios de la cárcel, los cientos de testimonios de la tortura; allí están Macarena, Mariana y Simón; allí están los cuerpos de Fernando Miranda y de Ubagesner Chávez Sosa, en el Batallón de Infantería Nº 13 y en una chacra de la Fuerza Aérea; y ahora está otro cuerpo, de otro supliciado, esta vez en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14.
¿Quién mentía y quién decía la verdad? Quienes votaron la llamada Ley de Caducidad, quienes la siguen defendiendo, no defienden solo la impunidad; no es un concepto en abstracto y general, es bien concreto y tiene nombres y apellidos.
Quienes defienden la impunidad defienden a los impunes. Una cosa es inseparable de la otra y no vale hacerse el distraído.
Defienden a los impunes que ni siquiera alegan inocencia; al contrario, hicieron y hacen ostentación de sus crímenes, se beneficiaron e hicieron carrera militar y también civil con ellos. No di-cen ser inocentes; confiesan ser cul-pables, pero quieren seguir siendo impunes.
Quienes defienden la impunidad, defienden a secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y «desaparecedores» de seres humanos. Defienden a Gavazzo, a Cordero, a «Pajarito» Silveira, a Medina, a los que secuestraron a María Claudia Irureta Goyena de Gelman con 19 años, embarazada, a quien trajeron de Argentina, le robaron su bebé y la mataron. Defienden a los que tuvieron a 67 niños como presos políticos, que nacieron en prisión o fueron detenidos con sus padres y sumaron entre todos ellos 47 años de prisión. Defienden a los que torturaron a más de 30 militantes de la Unión de Juventudes Comunistas, menores de edad, en Treinta y Tres; defienden a los que asesinaron a Nibia Sabalsagaray, torturándola hasta la muerte; defienden a los que torturaron y desaparecieron a la maestra Elena Quinteros; defienden a los que torturaron a más de diez mil uruguayas y uruguayos; defienden a los que encarcelaron durante años a más de diez mil uruguayos; defienden la picana, los colgamientos, el caballete, los plantones, las palizas, las violaciones, el uso de drogas, los simulacros de fusilamiento.
Eso pasó en nuestro país y es lo que seguirá impune si no se vota esta ley. Puede intentar esconderse la consecuencia de la posición política tras discursos jurídicos y argumentos pseudo republicanos, pero la esencia, lo que finalmente importa es eso. La pregunta que hay que responder es: ¿se está con la impunidad y con los impunes o no?
Y lo reitero: ¿los secuestradores de niños, violadores, torturadores, asesinos y desaparecedores de personas deben quedar impunes o no? A esas dos preguntas, nosotros, sin una sombra de duda, respondemos que NO. No estamos con la impunidad ni con los impunes.
Estamos con la verdad y la justicia y queremos más democracia y más libertad, y eso es incompatible con la impunidad.
A los niños, mujeres y hombres que sufrieron la represión y la enfrentaron con dignidad y humanidad; a las víctimas de los impunes, a los que resistieron, de todos los Partidos, ideologías y credos; a los que fueron silenciados y calumniados durante décadas: a todos ellos nuestro reconocimiento y el de nuestro Partido; a todos ellos nuestro compromiso; a ellos nuestro voto».
Carlos Tutzó: «La vida demostró quién mintió y quién dijo la verdad»Carlos Tutzó, diputado por la 1001, miembro de la dirección del PCU y ex preso político, realizó una emotiva intervención. Durante la misma expresó la posición contraria a la impunidad y además respondió a los ataques de la derecha contra la izquierda y contra el PCU.
Tutzó indicó que el PCU «nunca había sido mezquino y que siempre reconoció el aporte y el compromiso democrático de personalidades blancas y coloradas».
Manifestó su respeto al Partido Nacional por los asesinatos de Celia Fontaina de Heber y de Héctor Gutiérrez Ruiz.
Sobre este último indicó «entre otras cosas salvó la vida de 800 militantes de la UJC, uno de ellos era yo, cuando el Escuadrón de la Muerte asaltó el local donde estábamos reunidos y se hizo presente junto a Arismendi y Jaime Pérez».
Extendió el reconocimiento a «Wilson Ferreira Aldunate y su trabajo en el exilio contra la dictadura y su participación en Convergencia Democrática».
No obstante ello aclaró «pero también tenemos que decir que hubo responsabilidades políticas. ¿Quién se hace cargo de la vigilancia de inteligencia policial desde 1947 al ingeniero José Luis Massera, datos que después pasaban a la embajada de EEUU?».
«En esa época no hubo gobiernos del FA, entre 1947 y 1985 no hubo gobiernos del FA, los gobiernos fueron de otros y el golpe de Estado tampoco lo dio el FA, lo dieron otros. Nosotros preguntamos: ¿Nada tienen que ver los gobiernos anteriores a la dictadura con la dictadura? Luego que se votó la Ley de Seguridad Interna, que no la votó el FA, asesinaron a los ocho camaradas de la Seccional 20°. El senador Wilson Ferreira Aldunate dijo: No creo que la historia del país registe tragedia mayor. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Esos legisladores defendían la democracia o le fueron dando, como ocurre tradicionalmente para que suba el fascismo en cualquier lado, pasos uno tras otro para llegar? Ese señor Juan María Bordaberry, al que le decían «El Rabanito» porque era colorado por fuera y blanco por dentro, por su procedencia, dio el golpe de Estado. No fue un golpe de Estado militar.
Fue un golpe de Estado de la oligarquía de este país que junto con EEUU puso a su servicio a esas FFAA que había mandado a educar a la Escuela de las Américas».
«Si no le quieren decir complicidad, no se lo digan, busquen la palabra que quiere decir y reflejar esto. O digan que es mentira, pero pruébenlo», desafió Tutzó.
«Acá escuchamos hablar del Pacto del Club Naval, yo desafío a que traigan una prueba de lo que dicen, una sola prueba. También quiero recordar que hubo un Pacto de Anchorena, en julio de 1985, donde por cinco veces, integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, junto con Medina y seis generales, se reunieron. La primera reunión fue en Anchorena, luego fueron por varias casas, la última la del doctor Marchesano, donde armaron este adefesio de porquería que ha jodido al país durante estos 24 años que es la Ley de Impunidad», agregó.
«¿Esto es insulto? ¿Esto es grosería? ¿Esto es mal tono? No. Estos son hechos y el que tenga hechos que ponga hechos», dijo Tutzó.
Posteriormente añadió, «si a esto agregamos los colaboracionistas con la dictadura, tenemos una lista inmensa y no escuchamos que se haya expulsado a la inmensa mayoría de ellos, ni del Partido Colorado, ni del Partido Nacional.
Los mismos partidos que ahora nos denostan a nosotros como antidemocráticos. Porque ahora cambiamos los ejes de la discusión: las víctimas somos victimarios y los que defendemos la constitución somos anticonstitucionalistas.
¿A los violadores de DDHH y a los alcahuetes de la dictadura los expulsaron del Partido Colorado y del Partido Nacional o aprovecharon después para juntar algún votito a ver si podían ganar?
El listado es muy grande hay que mirar al Consejo de Estado, las Juntas Vecinales, los intendentes interventores, los interventores de la Universidad».
Para Tutzó hay que «reconstruir la verdadera historia de este país, porque se nos mintió toda esta época. La vida demostró que teníamos razón nosotros y no los que nos dijeron desde el fascismo y desde quienes defendieron la Ley que en este país no había niños desaparecidos, no había tortura y no había muertos».
«¿De qué lado vamos a estar nosotros? Del lado de la verdad, de la memoria, de la justicia. Vamos a votar esta ley, porque acá suavemente sentimos sonar la música que tocaba Alvaro Balbi; escuchamos las voces de Lille Carusso y de sus cuatro hijos reclamando y llamando a su padre; se siente el ruido de la cuchara de Gelos Bonilla construyendo una casa; escuchamos el rasgar de un lápiz sobre la hoja mientras Nibya Sabalsagaray escribe un poema y se siente la voz de Elena Quinteros, educando a los niños en la escuela y la voz de la Tota exigiendo justicia en este país.
Escuchamos la vigorosa oratoria de Zelmar Michelini emocionándonos y escuchamos las lágrimas de madres, hijos y familiares buscando a su gente. Sentimos la transpiración y el terror de miles de militantes clandestinos llevando a la práctica las cosas que derrotaron a la dictadura.
Queremos rendir un homenaje a los comunistas en dos nombres: el primer asesinado de la dictadura, Ramón Peré, el 6 de julio de 1973 y el último asesinado de la dictadura, Wladimir Roslik, en 1984", finalizó.
0 COMENTAR :
Publicar un comentario