Acto histórico el 21 de marzo
En el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH por el caso Gelman, el Poder Ejecutivo, confirmó que realizará un acto de asunción de responsabilidad nacional e internacional este 21 de marzo.
Desde las páginas de EL POPULAR hemos señalado repetidas veces que la sentencia
de la Corte Interamericana de DDHH contenía varias obligaciones para el Estado uruguayo. En las 92 carillas que tiene el fallo, hay un capítulo 7, que es el de “Puntos resolutivos”, tiene 7 puntos declarativos donde se establece las diversas responsabilidades que violó el Estado uruguayo y 11 dispositivos con las obligaciones que tiene para cumplir con la sentencia.
Entre ellos la de continuar la investigación de los hechos, buscar y ubicar el cuerpo de María Claudia, asegurarse que la Ley de Caducidad no constituya obstáculo para esta investigación ni para ninguna otra, asegurar acceso a la información, conformar un programa sobre DDHH para fiscales y jueces, etc.
Destacan dos muy concretas. Realizar un acto público de asunción de responsabilidad por las violaciones a los DDHH cometidas en este caso y colocar una placa con los nombres de las víctimas y prisioneros en la ex sede del SID en Bulevar Artigas y Palmar.
En primer lugar, entonces, la realización del acto no es novedad para nadie, se conoce desde marzo de 2011 cuando se hizo pública la sentencia de la Corte Interamericana. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, explicó detalladamente en una entrevista con EL POPULAR el 22 de julio de 2011, todos los pasos que se darían para cumplir con la sentencia. Incluyó en la explicación el acto, en el cual, dijo ya hace ocho meses, que se buscaría contar con la “máxima representación de los tres poderes del Estado”.
¿Por qué tanto escándalo entonces? ¿A qué viene tanto blanco y colorado “sorprendido” y vociferante? Está claro que a los legisladores blancos y colorados les molesta cualquier paso que se de en el camino de la verdad y la justicia, cualquiera sea. Ellos defendieron, defienden y defenderán a la impunidad y a los impunes.
Llegaron a plantear que si el Estado pide perdón deben pedir perdón “los subversivos”, otros dijeron “los sediciosos”, sublimes rémoras del lenguaje de la DINARP y de la dictadura. La teoría de los dos demonios, demolida por los datos históricos, por los hallazgos de cuerpos, por las investigaciones judiciales, en ellos campea como en sus días de gloria.
Es un debate inexistente y falso. El Estado no va a pedir perdón, en las 92 carillas de la sentencia de la Corte Interamericana nunca se menciona la palabra perdón. Nadie pidió el perdón del Estado. No es eso lo que ocurrirá.
Muy por el contrario el Estado uruguayo asumirá la responsabilidad por haber ejercido el terrorismo de Estado, es decir, la acción planificada, conciente y sistemática de todo el aparato estatal para reprimir a su propio pueblo. Cosa que blancos y colorados siguen negando, a pesar de las evidencias abrumadoras.
Eso fue lo que ocurrió en Uruguay, más de 50 cuarteles y dependencias policiales usadas como centro de detención y tortura, más de 300 mil personas con fichas en los servicios de inteligencia, más de 10 mil torturados, más de 100 asesinados en tortura, más de 100 desaparecidos y cientos de miles de perseguidos.
En este caso se va a asumir la responsabilidad por la realización por parte de efectivos del Estado, con presupuesto y medios del Estado, del secuestro y traslado ilegal de una muchacha argentina de 19 años embarazada, con el único fin de robarle su bebe, la posterior desaparición de esta joven mujer y la apropiación de identidad de la niña recién nacida. Eso, así de duro y claro.
Nada tiene que ver con eso la violencia de la década del 60 y mucho menos lo que afirmó el senador Francisco Gallinal: “Asumir la responsabilidad puede significar legitimar la dictadura”.
Lo que legitimó la dictadura como proyecto e hizo perdurar sus efectos sobre la sociedad toda y sobre las víctimas en particular, fue la defensa de la impunidad, la negativa permanente a acompañar cualquier iniciativa que abriera la puerta a la verdad y la justicia y los gobiernos blancos y colorados que operaron para que así fuera. Eso legitima la dictadura. Actos como el del 21 de marzo e iniciativas como evitar las prescripciones de los crímenes de lesa humanidad, que toda la derecha votó en contra, son los que le quitan legitimidad a la dictadura y a su obra.
El 21 de marzo entonces, habrá un acto, será en el salón donde funciona la Asamblea General, estarán invitados todos los legisladores, las autoridades del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y hablará el Presidente de la República. El acto será público y transmitido en vivo. Para que todas y todos los uruguayos sepan de que se trata y no de lo que quieren hacer creer que se trata.
Es un buen momento para que todo el sistema político, tanto que se habla ahora de acuerdos nacionales, exprese su compromiso con la verdad y la justicia. No guardamos grandes esperanzas, en el proyecto de país de la derecha hay lugar para la impunidad, no para la verdad y la justicia: lo han demostrado mil veces y lo siguen demostrando cada vez que tienen oportunidad.
Pero el gobierno de izquierda y la mayoría de la sociedad sin dudas, dará un nuevo paso hacia el fin de la impunidad. A pesar de los vociferantes.
Sentencia por el juicio a Julio Castro
En otro hecho relevante el juez Juan Carlos Fernández Lecchini resolvió procesar con prisión al ex policía Ricardo Zabala por la muerte de Julio Castro.
Zabala aceptó haber secuestrado a Julio Castro y haberlo llevado al centro clandestino de tortura de la calle Millán en 1977. Su defensa no alegó inocencia, dijo que el crimen prescribió. El fallo del juez Fernández Lecchini además de enviar a prisión a Zabala también sentó jurisprudencia al rechazar el argumento de la defensa y decir a texto expreso que los crímenes del terrorismo de Estado son de lesa humanidad y no prescriben.
En este caso actuó la fiscal Mirtha Guianze, ahora propuesta por el PIT-CNT y Familiares para integrar el Instituto Nacional de DDHH de próxima formación; quién también había pedido el procesamiento de José Nino Gavazzo, pero este no fue tomado en cuenta por el juez.
Aún así, cabe señalar que Gavazzo, está muy lejos de asumir ninguna responsabilidad. En el juicio dijo que no conocía la casa de Millán donde varios presos lo señalan como torturando y que se había enterado de ella por la prensa. El único refugio de los impunes sigue siendo la mentira, aún cuando los hechos los dejan en evidencia, siguen mintiendo.
Dos pasos trascendentes, dos hechos importantes, en el camino de lograr la verdad y la justicia. No hay que dejar que los oculten, que los silencien o que los bastardeen con operetas mediáticas y políticas.
Hay que seguir con paciencia y perseverancia generando estos hechos. Uniendo todo lo unible. La verdad tiene una fuerza imposible de ocultar, hay que seguir construyéndola.
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