El Presidente del FA, Jorge Brovetto, lo había anunciado el sábado en el acto aniversario del PCU. «Vamos a dar todos los pasos y tomaremos todas las iniciativas para que no haya más impunidad en nuestro país», dijo.
En ese sentido el FA no sólo presentó el proyecto de Ley sino también promueve una declaración de la Asamblea General que
haga suya la sentencia y está trabajando para presentar denuncias y apoyar la reactivación de los casos judiciales.
El proyecto de ley fue respaldado por todos los sectores y las bases del FA en la Comisión Especial nombrada por el Plenario Nacional, en el Secretariado y en la Mesa Política.
El presidente de la República, José Mujica, dio su respaldo tácito a la iniciativa anunciando la presentación de la misma hace pocos días durante su visita a Suecia y en el mismo sentido se había pronunciado en una reciente entrevista con el PIT-CNT donde afirmó que «terminar con la impunidad sería un avance cultural muy importante para el Uruguay».
El proyecto del FA. La presentación de la iniciativa es un paso político trascendente. Desde estas páginas hemos sostenido reiteradamente que la sentencia de la CIDH es obligatoria para todo el Estado uruguayo, para sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El Poder Ejecutivo ha dado pasos para su cumplimiento, revocando todos los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que ampararon casos en la Ley de Caducidad e impidieron que se investigara; publicando la sentencia y comunicándola a los otros poderes, en breve realizará un acto público de asunción de responsabilidad y colocará una placa con los nombres de las y los desaparecidos, presos y torturados en la ex sede del Servicio de Información de Defensa, actualmente Centro de Altos Estudios Nacionales, en Bulevar Artigas y Palmar.
La iniciativa del FA busca que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad institucional que le corresponde en el cumplimiento de la sentencia. El proyecto recoge los aspectos fundamentales de la sentencia de la CIDH. Cabe recordar que dicha sentencia estableció que la Ley de Caducidad es incompatible con el Pacto de Costa Rica y que por lo tanto «carece de efectos jurídicos». En función de ello el proyecto del FA «restablece la pretensión punitiva del Estado» para los casos de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. La sentencia establece además que las violaciones a los DDHH, en el marco del terrorismo de Estado, son crímenes de lesa humanidad. El proyecto del FA lo establece a texto expreso y particularmente para los casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura. La sentencia establece que no se pueden aplicar instrumentos como la irretroactividad de la ley o la prescripción. El proyecto del FA establece que en el plano procesal no se puede computar los años transcurridos desde la vigencia de la Ley de Caducidad, el 22 de diciembre de 1986, para los delitos y las investigaciones.
Una opinión calificada. Desde la derecha y los violadores de DDHH inmediatamente se ha señalado que el proyecto es inconstitucional. Alberto Pérez Pérez, ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, director del Instituto de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar, afirmó a La Republica que el proyecto «no tiene ninguna inconstitucionalidad». «Es una manera de cumplir una parte muy importante de la sentencia de la CIDH, donde se dijo, con toda claridad, que la Ley Nº 15.848, ‘Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado’, era manifiestamente incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica, por lo cual carece de efectos jurídicos», indicó. Sostuvo que, en atención del fallo de la CIDH, el Estado tiene el «deber» de disponer la inaplicabilidad de cualquier excluyente de responsabilidad penal, como prescripción o irretroactividad de la ley penal, para juzgar los crímenes de la dictadura. Pérez Pérez recordó, por si fuera necesario, que la sentencia de la CIDH «es obligatoria e inapelable».
Independencia y obligaciones. Vale la pena reiterar que la sentencia de la CIDH es obligatoria para todo el Estado. El Poder Ejecutivo ha dado pasos concretos para cumplirla, el Poder Legislativo se apresta a dar los suyos, lo mismo debe ocurrir en el Poder Judicial.
Es cierto que los tres poderes son independientes y que ninguno debe influir sobre el otro. Pero también lo es que no son islas autónomas del Estado y de sus obligaciones. No se vulnera ninguna autonomía cuando se señala la voluntad política e institucional de cumplir cabalmente con la sentencia. Muy por el contrario, tanto la fundamentación de la revocatoria de todos los decretos que impedían investigar los casos, que hace suya la sentencia y califica a los crímenes como de lesa humanidad, como el proyecto de Ley a estudio en el Parlamento, son señales muy claras y significan un respaldo explicito para que los jueces actúen e investiguen, sin ninguna limitación. Un respaldo de todo el Estado a la Justicia.
El Poder Judicial tiene una enorme tarea por delante, a los cerca de 150 casos que estaban bloqueados por la Ley de Caducidad y que ahora están abiertos, se le sumaron las 128 denuncias presentadas en Comisarías de Montevideo y Canelones el sábado y se le sumaran muchas más. El grupo de abogados del FA presentará una en Treinta y Tres por las brutales torturas sufridas por militantes de la UJC, la mayoría menores de edad, cuando la dictadura los secuestró y recibió y seguirá recibiendo más.
La votación del proyecto del FA significaría un importante respaldo político, los pronunciamientos del Poder Ejecutivo también, pero se necesita más, hay que dotar a los jueces de recursos materiales y humanos, hay que crear juzgados y/o fiscalías especializadas capaces de abordar la tarea. La institucionalidad actual del Poder Judicial no contempla estas investigaciones porque es hija de la impunidad. Hay que acompañar el respaldo político con respaldo material e institucional.
La obligación de investigar, obtener verdad y justicia, también es responsabilidad de todo el Estado y no solo de jueces y juezas.
La esencia del debate. No hay que permitir que la derecha, política, mediática, académica y militar tergiverse, una vez más, la esencia de lo que está en discusión.
El debate principal tiene que ver con la ética. La derecha va a rechazar esta y cualquier otra iniciativa que se tome porque quiere la impunidad. La instrumentó y defendió con mentiras y presiones de todo tipo durante más de 25 años.
La pregunta central que se debe responder no tiene que ver con lo jurídico, ni con la primacía de la democracia directa o representativa, ni con la relación institucional entre los poderes del Estado.
La pregunta central es muy sencilla: ¿Quiénes secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a miles de uruguayas y uruguayas deben quedar impunes?
Nuestra respuesta es bien clara y precisa: NO.
¿Cuál es la respuesta de la derecha?
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